En esta sección encontrará un conjunto de textos jurídicos y documentos nacionales e internacionales vinculados a la reflexión y normativa relativa a procesos de descentralización y regionalización en la arquitectura estatal. En nuestro caso se refieren centralmente a propuestas y decisiones jurídicas de los últimos diez años que han ido conformando la nueva institucionalidad de los territorios (regionales, comunales e insulares). Así mismo, se podrá acceder a documentos elaborados por profesionales de la Biblioteca del Congreso Nacional en el marco de los requerimientos de asistencia técnica generado por el quehacer parlamentario.
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Espinace Olguín, Denisse Jimena
En el presente documento, se da cuenta de los proyectos de reformas a la Constitución Política del Estado presentados a tramitación ante el Congreso Nacional desde marzo de 1990 a la fecha, ya sean mensajes o mociones y en cualquier estado que se encuentren, sea publicados como ley, en tramitación, archivados, rechazados o retirados.Para realizar la búsqueda, se revisó la base de datos de Tramitación de Proyectos de ley del Congreso Nacional (SIL), utilizándose para ello el filtro de búsqueda avanzada, y en tipo de proyecto se buscaron todos aquellos proyectos de reforma constitucional.La información se entrega en base a dos cuadros. En el primero se presenta una síntesis de los proyectos dependiendo de su estado de tramitación. En cuanto al segundo cuadro, en él se individualizan los 1099 proyectos de reforma constitucional vinculados a la base de tramitación de proyectos del Congreso Nacional a través del número de boletín, fecha de ingreso a tramitación, título del proyecto, estado de tramitación y los autores de cada uno de ellos, señalándose“No Existen Datos Para Mostrar de este Boletín”en los casos en que no se cuenta con esta información, todo ordenado en forma cronológica,del más reciente al más antiguo,e indicando los datos esenciales para facilitar el análisis de cada uno de ellos.
Ferrero, Mariano José; Soto Martínez, Víctor Javier
Este Estudio ha sido elaborado en respuesta a la solicitud de la Dirección de la Biblioteca del Congreso Nacional (BCN) de conocer y analizar los distintos elementos que configurarán el Reglamento de la Convención Constitucional, a partir de las distintas propuestas presentadas por centros de estudios,universidades, fundaciones y otras instituciones para alimentar el debate público en la materia.
Holz Guerrero, Mauricio; García Bernal, Nicolás Alonso; Argüello -, Samuel Matías; Aguayo Ormeño, Irina Ximena; Morales Peillard, Pablo Alejandro
En el presente informe se recopila información respecto a los mecanismos de financiamiento de la educación en 16 países: 8 europeos, 7 americanos y un país asiático. En los casos analizados, en general se pueden observar los siguientes modelos de financiamiento de la educación: - En algunos países los recursos provienen principalmente del Estado Central, y son administrados y ejecutados centralmente (Francia, Alemania). - En otros países, los recursos provienen principalmente del Estado Central y se transfieren a organismos descentralizados que los ejecutan y administran(Chile, Canadá, Inglaterra). - También hay países, con una mayor tradición de descentralización, los recursos provienen en su mayoría de ingresos propios de organismos descentralizados, quienes los ejecutan y administran. En estos casos, el Estado transfiere recursos para igualar diferencias en la capacidad de generar ingresos de los organismos descentralizados (Suecia, Dinamarca).
Cavada Herrera, Juan Pablo
No existe una definición única o universal del término royalty, pero desde el punto de vista de las definiciones económicas, se trataría de un cobro aplicado de diversas maneras, según los elementos que adopte en cada caso: de base unitaria (aplicado sobre unidad de volumen o peso); basado en el valor del mineral (ad valorem); basado en los ingresos o utilidades (renta operacional minera); o una combinación de estos. Asimismo, el esquema aplicado en distintos países es diverso, tanto en su cálculo, formas y cobertura, existiendo leyes provinciales para Australia y Estados Unidos, y leyes provinciales y nacionales para Canadá. En el caso de Australia se observa que algunas provincias aplican rebajas a las tasas cuando el mineral tiene mayor grado de procesamiento, de manera de incentivar el valor agregado a nivel local o nacional. En Canadá, dada la división político-administrativa del país en Provincias federadas, el royalty está determinado por cada Provincia, y se aplica sobre distintos parámetros relacionados con utilidades e ingresos. Para el caso del litio en Australia, este se incluye en el royalty que se establece a nivel de Estado por la obtención de cualquier mineral comprendido en la norma legal. La obligación de pago del royalty pesa sobre cualquier pertenencia minera, por el hecho de ser el tenedor o el que ha hecho un pedimento sobre la pertenencia minera. En Chile se aplica una figura que coincide con la definición económica de Royalty aplicado sobre ingresos o utilidades (renta operacional minera). Para analizar los efectos de un eventual royalty al litio, son aspectos relevantes a tener en consideración: los fines u objetivos de los distintos tipos de royalty, las dinámicas actuales de la actividad minera, los objetivos de diversificación en el contexto actual de la predominancia de las cadenas globales de valor (CGV) y cierta evidencia empírica con que se cuenta para algunas políticas mineras. Para el primer aspecto, existen royalties más efectivos en la recaudación y generación de ingresos, pero menos equitativos en su recaudación, como en el caso del royalty aplicado sobre la unidad. Por ello, las combinaciones son diversas y se requiere balancear los objetivos de cada tipo, teniendo en cuenta el efecto combinado. Entre los fines recurrentes para el uso del royalty, se encuentran las políticas de fomento a la diversificación, debido a que los países con economías más diversas tendrían mejor desempeño en crecimiento y desarrollo económico. Sin embargo, estas políticas enfrentarían escenarios más complejos, en donde el avance tecnológico, las demandas de la sociedad y la fragmentación productiva de las CGV, generarían una dinámica compleja, que debería ser comprendida si se busca un mejor desempeño en las políticas públicas para el desarrollo productivo.
Hernández Araya, Rafael Andrés
De los tres países analizados, los gobiernos regionales de Perú en mayor medida son dependientes de los recursos transferidos desde el gobierno nacional. Por su parte, las entidades regionales en Alemania y España cuentan con una más amplia participación en la recaudación de ingresos. Sin embargo, esto no necesariamente implica autonomía en su esquema de financiamiento, puesto que los gravámenes son definidos desde la legislación nacional. En Alemania y España los principales impuestos (renta de las personas, de las corporaciones, o al valor agregado) son recaudados y compartidos en partes iguales entre el gobierno central y las regiones. Esto es así por legislación nacional que así lo establece, y que indica además qué impuestos y qué tasas serán cobradas. Sí se han cedido otros impuestos a las regiones para que definan sus tasas, pero son de menor volumen, como los que gravan herencias, donaciones, el juego, entre otras. En Perú, se cuenta con una fuente de financiamiento regional denominada canon. De lo que recauda el Estado por la explotación de recursos naturales, un 50% se destina a las entidades subnacionales donde se explota el correspondiente recurso, pero la mayor parte va a las municipalidades. De ese 50%, un 25% va a los gobiernos regionales.
Soto Martínez, Víctor Javier
El presente informe estudia la situación de los llamados “gobiernos corporativos” en la Administración del Estado. Para realizar este análisis se hacen, en primer lugar, diversas aclaraciones conceptuales respecto de los órganos colegiados en nuestro ordenamiento. Luego, se proponen una tipología jurídica (formal) de los consejos en la Administración del Estado y una clasificación funcional de estos. Sobre la base de estas precisiones conceptuales, se pasa al problema de fondo: los gobiernos corporativos en el Estado chileno, desde una perspectiva histórica y funcional (4). El texto decanta en algunas conclusiones generales, que buscan ser de utilidad para la creación de estos órganos en el futuro por parte de los legisladores.
Soto Martínez, Víctor Javier
Este trabajo tiene como objetivo ofrecer un resumen general del debate en torno al régimen o sistema de gobierno en el derecho comparado. Para esto se realiza una revisión teórica de los diversos sistemas de gobierno estudiados por los académicos (1), y luego un análisis más detallado de casos específicos (2), para que el lector parlamentario pueda formarse una opinión más acabada sobre el tema.
Hernández Araya, Rafael Andrés
El presupuesto de los Gobiernos Regionales se compone de gastos de funcionamiento, gastos de inversión y las provisiones que los Gobiernos Regionales pueden recibir desde Subdere. Estos últimos recursos, finalmente también terminan destinándose a iniciativas de inversión. Por tanto, la gran mayoría del presupuesto de las regiones corresponde a recursos para la inversión. El 74,8% de los recursos para la inversión regional se distribuyen entre los GORE considerando el criterio determinado para repartirel 90% del Fondo Nacional de Desarrollo Regional. Esto implica que la distribución del 74,8% de la inversión se realiza considerando indicadores de pobreza y características territoriales, cuyos coeficientes se encuentran definidos por ley. A esto se sumaun 6,4% de recursos que son propios de las regiones, por patentes y regalías (concesiones mineras, casinos, acuicultura, derechos de agua, entre otras), en cuya distribución el Gobierno Central no tiene ninguna influencia, pues son asignados directamente a las regiones en que se explotan estas actividades.
Dazarola Leichtle, Gabriela Maria
Entre los avances legislativos más recientes en materia de regionalización, se pueden destacar la publicación de la Ley N° 20.990 en enero de 2017, que dispone una Reforma Constitucional para la elección directa del órgano ejecutivo del Gobierno Regional. Finalmente, las leyes N° 21.073 y N° 21.074 publicadas en febrero de 2018, que modifican la Ley Orgánica sobre Gobierno y Administración, regulan la elección por sufragio popular del Gobernador Regional, y el proceso de transferencia de competencias a los Gobiernos Regionales, respectivamente. La principal novedad de la Ley N°21.074, es la institución de un procedimiento de traspaso de competencias desde el Gobierno Central hacia los Gobiernos Regionales, ya sea a petición de los GORE, o de oficio por parte del Presidente de la República. Asimismo, se entregan nuevas funciones para los GORE, en particular, referidas a ordenamiento territorial, fomento productivo, y desarrollo social y cultural. Establece además, Áreas Metropolitanas y se crean nuevas divisiones en la orgánica de los GORE. Con la publicación de la citada norma, se estableció la dictación de 7 reglamentos, de los cuales hasta la fecha, 2 han sido publicados en el Diario Oficial (Reglamento de Política Nacional de Zonas Rezagadas y Reglamento que establece las abreviaturas para nominación de regiones).
Dazarola Leichtle, Gabriela Maria
La Descentralización implica un traspaso de competencias y recursos desde el nivel central a los niveles subnacionales. En nuestro país, en el ámbito de la descentralización territorial, estas competencias recaen en los gobiernos regionales y las municipalidades. El proceso descentralizador ha sido un tema de preocupación en Chile a lo largo de la historia. Sin embargo, se ha caracterizado por una cultura predominantemente centralista, que muchas veces se presenta como un gran escollo para avanzar en el desarrollo de los territorios. La OCDE afirma que Chile está entre los países más centralizados de la organización, junto a Grecia e Irlanda. En el 2014, los gastos subnacionales gubernamentales en Chile representaron un 3.0% del PIB y un 13.1% de los gastos públicos, lo que contrasta con el promedio de la OCDE que es del 16.6% y del 40.2% respectivamente.